Están comenzando a brotar numerosos casos de evasión fiscal en el fútbol. Al parecer la infatigable Agencia Tributaria, sin distinción de colores, los tiene en su punto de mira. Algunos se escandalizan, pero otros acudirán en masa a la puerta de los juzgados a jalear a sus campeones: “¿Es que nunca has pagado nada con dinero negro?” o ¿“no lo hacen los políticos a manos llenas”?, sin duda nos cuestionarán.
Según el CIS, el fútbol nos interesa a la mitad de los Españoles, sin discriminar entre obreros o ejecutivos, es “transversal”. Ahora bien, lo que no es tan democrático es el fraude.
Se estima que en España, entre IRPF y sociedades, el “B” representa el 17 % de lo que somos capaces de producir en un año entre todos, unos 180.000 millones de euros (datos de 2017). Todos robamos, esa es la conclusión, y sin embargo no es así. Nosotros lo asalariados no lo hacemos, las retribuciones que percibimos están sujetas a un riguroso control, no podemos escapar. La evasión tiene su origen en las rentas que provienen de intereses, dividendos, arrendamientos y en parte de los castigados autónomos. Bajo este prisma, tiene poco sentido que un asalariado vaya al juzgado a respaldar cualquier tipo de fraude, por muy supuesto que sea.
La defensa del ídolo es incuestionable, y ciegamente muchos de los forofos apoyarán sus actos de forma incondicional.
Ahora bien, los presidentes de las federaciones y sus allegados son harina de otro costal, no tienen el respaldo de la afición. Aunque indudablemente disponen de medios para su propia defensa, no podrán sostener su imagen pública indefinidamente. Se avecinan tiempos difíciles para el deporte nacional. La administración no puede permitir esa desigualdad, permitir esas ingentes cantidades de dinero circulando por unas pocas manos acabará por manchar el fútbol y reducirá un deporte a negocio. Demasiados incentivos, excesivas tentaciones y poca cautela.